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Disconformes estaban los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos tras reunirse con el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta. Como era de esperarse, la histórica cita estuvo cruzada por un tema clave: la fuga del general (R) Raúl Iturriaga Neumann.
El ex uniformado debía comenzar el 11 de junio a cumplir su condena de cinco años y un día de presidio efectivo por el secuestro y homicidio del mirista Dagoberto San Martín. Ese mismo día desapareció.
A la salida de la entrevista, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, se manifestó decepcionada. El general Izurieta en ningún momento le expresó estar en desacuerdo con la rebeldía de Iturriaga, dijo.
El jefe castrense tampoco se pronunció sobre la eventual protección que pudieran estar brindando algunos miembros de la institución castrense al prófugo.
La dirigenta intentó además durante la reunión conocer la posición de Izurieta respecto del apoyo económico que el Ejército sigue dando a los violadores de derechos humanos.
Esto, dijo, porque es sabido que en materias como el pago de los honorarios de los abogados defensores o en la construcción de cárceles especiales hay un gasto de la institución.
“No hay ninguna satisfacción con este encuentro, las respuestas que exigía el país no las escuchamos”, sentenció.
No obstante, el ministro de Defensa, José Goñi, sostuvo que no existe ningún miembro de las Fuerzas Armadas que participe de una red de protección que beneficie a Iturriaga. Incluso, advirtió que si se comprueba que algún militar colaboró en la fuga del retirado general será dado de baja de inmediato.
“No hay miembros de la institución castrense involucrados en una eventual red de protección a este señor (Iturriaga)”, insistió.
Goñi también participó en la reunión que mantuvieron los familiares con el general Izurieta.
Pesquisas policiales
Las pesquisas se han concentrado en la Cuarta Región, particularmente en La Serena (donde tiene familiares y amigos) y Los Vilos, donde arrendaba habitualmente una casa de veraneo.
Desde que el tema fue abordado institucionalmente, la policía ha recibido numerosos llamados telefónicos dando cuenta de antecedentes sobre Iturriaga. Hasta ahora, el 40 por ciento de esos llamados, aproximadamente, ha entregado datos importantes sobre lugares y personas a los que frecuentaba el general. Pero nadie lo ha visto.
La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAES) aún no recibe informes completos solicitados a algunas entidades respecto de los llamados telefónicos, cuentas y tag del prófugo.
Cuando estén reunidos esos datos, serán ingresados a un moderno software con que cuenta Investigaciones que permite cruzar en pocos segundos la información y arroja resultados respecto a pistas.
Se trata de un programa que está a cargo de la Jefatura de Inteligencia y Narcóticos, utilizado especialmente en operaciones de drogas y lavado de dinero, por ejemplo.
Fuentes cercanas a la indagatoria confirmaron que se ha interrogado a un número importante de militares en retiro del círculo cercano de Iturriaga. Ninguno ha ayudado a dar con su paradero. Sólo reconocen que desde que salió el fallo de la Corte Suprema estaba muy molesto por la situación de tener que cumplir la condena.
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